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Doctrina
Título:¿Cuáles son las consecuencias en las primas (premio) de los contratos de seguro ante la disminución de ciertos riesgos amparados por el cumplimiento de las acciones decretadas para atender la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19?
Autor:Durán Castellón, Juan Pablo - Rosales Orozco, María Teresa
País:
México
Publicación:Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros - Volumen 29 - Número 52
Fecha:05-06-2020 Cita:IJ-CMXIX-488
DOI:https://doi.org/10.11144/Javeriana.ris52.ccpc
Voces
Sumarios

Las consecuencias la disminución de ciertos riesgos amparados por la suspensión obligatoria de actividades decretadas no esencialescomo medidas de acción ordenadas para atender la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19 en México, son su disminución, reducción, ajuste y devolución.


Palabras Claves:


Prima, COVID-19, riesgo, disminución, imprevisión, reembolso.


The consequences related to the insurance premiums given the reduction of certain covered risks by the mandatory suspension of non-essential activities or by the mandatory lockdowns indicated to certain segments of the population, ordered to attend the health emergency generated by the COVID-19 in Mexico, are their decrease, reduction, adjustment and refund.


Keywords:


Insurance Premium, COVID-19, Risk, Decrease, Unforeseen Events, Refund.


¿Cuáles son las consecuencias en las primas (premio) de los contratos de seguro ante la disminución de ciertos riesgos amparados por el cumplimiento de las acciones decretadas para atender la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19?*


María Teresa Rosales Orozco**
Juan Pablo Durán Castellón***


En México, el día 31 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina, el “acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, el cual precisa en su artículo primero, qué actividades humanas se suspenden y cuáles se consideran necesarias para enfrentar la enfermedad grave decretada el 20 de marzo. Dicho precepto establece, textualmente, lo siguiente:


“Art. primero. - Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas:


I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.


II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas esenciales: (…)


IV. Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la que arribe al mismo procedente del extranjero y que no participa en actividades laborales esenciales, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril de 2020. Se entiende como resguardo domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible.


V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar; (…)”.


(nota: El énfasis es de quienes suscriben)


En razón de lo anterior, se han presentado diversas consecuencias legales respecto a los contratos de tracto sucesivo, siendo aplicable a ello la “Teoría de la Imprevisión”, también llamada cláusula Rebus Sic Estantibus, “Teoría de la base del negocio jurídico”, “Excesiva Onerosidad Sobreviniente”, “Derecho de la perturbación de las prestaciones”, la cual es aquella que “determina que el contenido obligacional de los contratos puede alterarse si cambian las circunstancias en que tuvo lugar su celebración”[1], lo que implica que las obligaciones adquiridas mediante algún acuerdo de voluntades puedan modificarse, reducirse o incluso extinguirse a raíz de un cambio sustancial imprevisible a la situación en la que se acordó el pacto.


La cláusula definida, se encuentra regulada por distintos Códigos Civiles de diversas entidades federativas en México, tal como lo son, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Veracruz, Quintana Roo y Ciudad de México, éste último incluso regulando el procedimiento para hacer valer el principio en estudio.


La teoría en cuestión contiene una noción de justicia en la celebración de contratos y se contrapone al principio de pacta sunt servanda, toda vez que sus consecuencias serían las de modificar, reducir o extinguir el contenido obligacional pactado en un acuerdo de voluntades, cuando por diversas circunstancias las obligaciones dejan de ser recíprocas y/o proporcionales.


El Código Civil para la Ciudad de México (antes Distrito Federal), en su Art. 1796, establece de manera oportuna los requisitos y situaciones en los que ha de operar el principio Rebus Sic Estantibus, es decir que el acontecimiento tenga las siguientes características:


1.- Extraordinarios, palabra que la Real Academia de la Lengua Española lo define como “fuera del orden o regla natural o común” y/o “añadido a lo ordinario”[2].


2.- De carácter nacional, el cual lo podríamos entender como un acontecimiento que afecta o tiene repercusión en la sociedad en su conjunto, delimitándolo a un país.


3.- Imprevisibles, el cual según la Real academia de la Lengua Española lo define como aquel “que no se puede prever”[3].


4.- Aumento de onerosidad de las obligaciones, característica que implica que, a raíz de los tres puntos inmediatos anteriores, se incremente el valor de las obligaciones pactadas.


Cabe señalar que los contratos aleatorios quedan excluidos del principio antes mencionado, ya que precisamente el alea o la imprevisión es la que los dota de su naturaleza, por lo que le es aplicable a los contratos conmutativos y/o gratuitos.


El principio de la imprevisión se encuentra regulado en la materia de seguros desde el año 1935 mediante la Ley Sobre el Contrato de Seguro y se materializa en los siguientes preceptos legales:


Art. 52.- El asegurado deberá comunicar a la empresa aseguradora las agravaciones esenciales que tenga el riesgo durante el curso del seguro, dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que las conozca. Si el asegurado omitiere el aviso o si él provoca una agravación esencial del riesgo, cesarán de pleno derecho las obligaciones de la empresa en lo sucesivo.


Art. 53.- Para los efectos del artículo anterior se presumirá siempre:


I.- Que la agravación es esencial, cuando se refiera a un hecho importante para la apreciación de un riesgo de tal suerte que la empresa habría contratado en condiciones diversas si al celebrar el contrato hubiera conocido una agravación análoga;


II.- Que el asegurado conoce o debe conocer toda agravación que emane de actos u omisiones de sus inquilinos, cónyuge, descendientes o cualquier otra persona que, con el consentimiento del asegurado, habite el edificio o tenga en su poder el mueble que fuere materia del seguro.


(nota: El énfasis es de los que suscriben)


Dichos artículos han sido interpretados por los más altos tribunales de la República Mexicana tal y como se desprende del siguiente criterio:


Contrato de seguro. Qué se entiende por agravación esencial del riesgo. La agravación del estado del riesgo es el aumento de probabilidades de su realización, por hechos o actos sobrevinientes al estado declarado de ese mismo riesgo al momento de celebración del contrato. El aumento de probabilidades debe ser de tal naturaleza que, de haber existido al tiempo de celebración del contrato, el asegurador no hubiera asumido el riesgo (celebrado el contrato), o lo hubiera hecho por una prima más elevada. Aunado a que el suceso que provoque el aumento de las probabilidades de realización del riesgo y siniestro que se aseguran, además de modificar el estado declarado al momento de celebración del contrato, debe tener las características de novedad, imprevisibilidad, durabilidad y relevancia.


Décimo primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito.


Amparo directo 675/2011. Skandia Vida, S.A. de C.V. 28 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Tomás Zurita García[4].


Cabe precisar que la mayoría de los contratos de seguros que se celebran en nuestro país son contratos de adhesión, se fincan en el principio de buena fe bona fides y en el principio de información como directriz para la protección al consumidor, éste último con fundamento en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.


En este sentido y en lo que nos interesa, la Ley Sobre el Contrato de seguro en su Art. 1º establece como obligaciones que se desprenden del contrato de seguro, i.- El pago de la prima por parte del contratante, quien no siempre es el asegurado y ii.- La transmisión de las consecuencias económicas del riesgo por parte de la aseguradora:


Art. 1°. - Por el contrato de seguro, la empresa aseguradora se obliga, mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato.


Riesgo que el Licenciado Pablo Medina Magallanes ha definido como “un acontecimiento futuro de realización incierta que produce un menoscabo o necesidad económica”[5].


Las dos obligaciones señaladas contienen una correspondencia, equilibrio y una íntima relación, tal como lo señala Juan Carlos F. Morandi:


Algunos elementos esenciales del contrato de seguro son, el riesgo y la prima, así como la correlación recíproca de estos factores.


De tal manera, según cual fuere el riesgo, así será la prima y, consecuentemente, así deberá ser la indemnización que el asegurador prometa al asegurado. Porque la prima de riesgo, también denominada pura, neta o teórica, representa la contrapartida de esa posibilidad de que se produzca el evento incierto contemplado en el contrato, que dará lugar a que el asegurador deba pagar su prestación, y, desde el punto de vista teórico, su monto deberá ser igual al importe a incorporar en la más dineraria formada por el asegurador.


De ésta, el asegurador obtendrá los fondos para afrontar los siniestros que sufrirán “algunos” de los componentes de la mutualidad de asegurados, que se hallan expuestos a “peligros” análogos.


En cuanto al El Riesgo.


Para su exacta determinación, el asegurador debe emplear el mayor cuidado, con el objeto de mensurar con la aproximación posible su grado de probabilidad e intensidad.


Según como incida el riesgo asumido por el asegurador respecto de los restantes que componen la mutualidad, así será el aporte a efectuar en el fondo de primas. Con este último, el asegurador hará frente a los siniestros, calculados para el grupo de asegurados por aplicación de la ley de los grandes números y del cálculo de probabilidades.


En todo contrato de seguro, es fundamental que el “estado de riesgo”, constituido por el conjunto de circunstancias de hecho que le permiten al asegurador formarse una opinión de su peligrosidad a la conclusión del negocio- se encuentre correctamente delimitado. La razón de ello reside en que el asegurador presta su consentimiento para el perfeccionamiento de la relación contractual, sobre la base de los factores “ponderados” de probabilidad e intensidad, sin perjuicio del azar moral.


El asegurador y, por su intermedio, la comunidad de riesgos, deben ser protegidos:


i. De las reticencias y falsas declaraciones, y;


ii. De las modificaciones que pudiera sufrir el estado del riesgo que sirvió de base para el acuerdo y, en virtud del cual, como ya se ha especificado, se fijó la prima y se adscribió el riesgo en determinada categoría de la comunidad de asegurados.


Por lo tanto, toda alteración no previsible, cuando reviste importancia, destruye los fundamentos económicos sobre los cuales se asentó el contrato.[6].


(nota: El énfasis es de quienes suscriben)


Es de suma importancia el que la seguradora pueda conocer el estado real del riesgo cuyas consecuencias económicas se le pretenden trasladar, para que pueda catalogar adecuadamente ese evento futuro e incierto y pueda determinar mediante probabilidades y estadísticas, la posible ocurrencia del siniestro, para así establecer y cobrar la prima que sea necesaria para que junto con las demás de la mutualidad hacer frente al mismo, de ahí lo previsto en el Art. 8 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro:


Art. 8°. - El proponente estará obligado a declarar por escrito a la empresa aseguradora, de acuerdo con el cuestionario relativo, todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo que puedan influir en las condiciones convenidas, tales como los conozca o deba conocer en el momento de la celebración del contrato.


Así las cosas, existe un elemento proporcional entre el riesgo asegurado y la prima que se cobra, ya que las primas se calculan y se cobran en directa proporción entre otros factores tales como el tiempo y la posibilidad del acaecimiento del riesgo, por tanto, si el riesgo amparado disminuye, debiera también disminuirse por consecuencia la prima, teniendo aplicación El Principio de Equivalencia de las prestaciones:


Consiste en el equilibrio entre el riesgo asumido por la aseguradora y la prima que cobra por la asunción de tal riesgo[7].


En este orden de ideas, consideramos que es posible que exista una atenuación, disminución o extinción del riesgo, el cual consiste en que la posibilidad de que suceda el acontecimiento futuro de realización incierta que produzca un menoscabo o necesidad económica, se encuentre sustancialmente reducida. Lo cual tendría como consecuencia que la aseguradora bajo dichas nuevas circunstancias hubiese determinado por cobrar una prima más baja en términos del principio de equivalencia de las prestaciones ya estudiado.


Cobrando especial relevancia de acuerdo a lo expuesto el Art. 90 de la multicitada Ley:


Art. 90.- Si el valor asegurado sufriere una disminución esencial durante el curso del contrato, cada uno de los contratantes tendrá derecho a exigir la reducción correspondiente de la suma asegurada, en cuyo caso la prima sufrirá la reducción proporcional para los períodos posteriores del seguro.


Relacionado con el Código Civil Federal, numeral:


Art. 1814.- El error de cálculo sólo da lugar a que se rectifique.


Con base en lo desarrollado, aseveramos que las consecuencias en las primas de los contratos de seguro ante la disminución de ciertos riesgos amparados por la suspensión obligatoria de actividades decretadas no esenciales o por el resguardo domiciliario estricto indicado a determinado sector de la población, como medidas de acción extraordinarias ordenadas para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 en México, son su disminución, reducción, ajuste y devolución.


En efecto, en la hipótesis analizada la suspensión de actividades del asegurado y consumidor, per se implica una disminución del riesgo amparado por el cual se había calculado y cobrado determinada prima, y por ello ante, el novedoso desequilibrio, la falta de correspondencia y el cambio sustancial imprevisible a la situación en la que se acordó el contrato de seguro, puede reducirse la obligación del pago de la prima, en la misma proporción que implica la reducción del riesgo que se amparó.


En el ámbito internacional y en la práctica en materia de seguros la premisa expuesta la prevén diversas legislaciones entre ellas:


1.- Argentina. Ley de Seguros:


Art. 34. Cuando el asegurado ha denunciado erróneamente un riesgo más grave, tiene derecho a la rectificación de la prima por los períodos posteriores a la denuncia del error, de acuerdo a la tarifa aplicable al tiempo de la celebración del contrato.


Cuando el riesgo ha disminuido, el asegurado tiene derecho al reajuste de la prima por los períodos posteriores, de acuerdo a la tarifa aplicable al tiempo de la denuncia de la disminución.


(nota: El énfasis es de los que suscriben)


2.- Colombia. Código de Comercio, Libro Cuarto, Título V, Del Contrato de seguro:


Disminución del riesgo


Art. 1065. En caso de disminución del riesgo, el asegurador deberá reducir la prima estipulada, según la tarifa correspondiente, por el tiempo no corrido del seguro, excepto en los seguros a que se refiere el Art. 1060, inciso final.


3.- República de Costa Rica. Ley Reguladora del Contrato de Seguros:


Art. 56.- Disminución del riesgo


En caso de disminución del riesgo, el asegurador deberá reducir la prima estipulada, según la tarifa correspondiente, y devolver a la persona asegurada el exceso de prima pagado y no devengado. Dicha devolución deberá darse en un plazo de diez días hábiles a partir del momento en que la persona asegurada le notifique esta circunstancia o el asegurador tenga conocimiento de ella. Si el asegurador incurriera en mora en la devolución deberá pagar a la persona asegurada o beneficiaria, según corresponda, a título de daños y perjuicios, intereses moratorios legales, conforme a lo establecido por el Art. 497 del Código de Comercio, sobre la suma pendiente de devolver. Este principio no aplica en los seguros de vida y gastos médicos.


Lo previo, además de que a la fecha de elaboración de la presente investigación tenemos conocimiento y son hechos notorios publicados incluso por las mismas compañías de seguros el que en Argentina y Estados Unidos de América ya están realizando reembolsos de primas respecto contratos de seguro de automóviles.


Cabe precisar que, en nuestra opinión, la suspensión de actividades no esenciales en pleno cumplimiento al decreto que así lo ordenó como medida de acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, constituye el hecho notorio de disminución o extinción de los riesgos amparados en determinadas coberturas para los casos de las empresas cuyas actividades si están total o parcialmente suspendidas.


Lo anterior, de igual forma ante el resguardo domiciliario estricto para toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial.


Un ejemplo de contratos de seguro que podrían estar ante una disminución o extinción de riesgo amparado respecto determinadas coberturas salvo el estudio pormenorizado, responsable y creativo que debe tener cada caso en lo particular son, de Todo Riesgo Operativo, Responsabilidad Civil, Responsabilidad Civil Profesional (Errores y omisiones), Transporte Local Terrestre, Transporte Internacional, Seguro Técnico de Equipos y Maquinarias, Seguros de Construcción y Montaje, Seguro de Vehículos, Seguros Hombre Clave, entre otros.


En conclusión, desde el punto de vista de los autores, el principio de la imprevisión, tanto en la Ley Sobre el Contrato de Seguro en México, así como en diversos países latinoamericanos, se encuentra regulado y en el caso en estudio se materializa con la atenuación y/o disminución del riesgo amparado, lo cual en términos del principio de la equivalencia de las prestaciones y con el objeto de revindicar la buena fe contractual, tiene como consecuencia la reducción de la prima que se le había fijado al consumidor.


Así, al verse disminuidos ciertos riesgos amparados se afirma que los asegurados tienen derecho a la disminución, ajuste, proporcionalidad, equilibrio y devolución del porcentaje de prima que corresponda respecto la determinada inicialmente por la empresa aseguradora.


 


 


Notas


* Artículo de Investigación.
** Licenciada en Derecho egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), cuenta con Posgrado en Seguros y Fianzas por parte de la Escuela Libre de Derecho, así como, con especialidad en materia de Seguros por parte de la Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, entre otros, Asociada Senior en Medina Abogados, Contacto: mtrosales@medinaabogados.com.mx, serviciosjuridicosmtro@gmail.com.
*** Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Panamericana (UP) Campus Guadalajara, Posgrado en Obligaciones y Contratos por la misma casa de estudios. Abogado en Medina Abogados. Contacto: jpduran@medinaabogados.com.mx, jpduranca@gmail.com.


Para citar este artículo/To cite this article
Rosales Orozco, María Teresa & Durán Castellón, Juan Pablo, ¿Cuáles son las consecuencias en las primas (premio) de los contratos de seguro ante la disminución de ciertos riesgos amparados por el cumplimiento de las acciones decretadas para atender la emergencia sanitaria generada por el virus covid-19?, 52 Rev.Ibero-Latinoam.Seguros, XXX-XXX (2020). https://doi.org/10. 11144/Javeriana. ris52.ccpc
Doi: 10.11144/Javeriana.ris52.ccpc


[1] RICO ÁLVAREZ Fausto, GARZA BANDALA Patricio y COHEN CHICUREL Mischel, Tratado Teórico Práctico de Derecho de Obligaciones, Editorial Porrúa, Segunda Edición, México 2019, pág. 268.
[2] https://dle.rae.es/extraordinario.
[3] https://dle.rae.es/imprevisible.
[4] Época: Décima Época, Registro: 2000745, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de, Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, mayo de 2012, Tomo 2, Materia(s): Civil, Tesis: I.11o.C.2 C (10a.), pág. 1821.
[5] MEDINA MAGALLANES PABLO, Ley Sobre el Contrato de Seguro Comentada, Editorial Porrúa, Segunda Edición, México, 2015, pág. 2.
[6] Morandi, Juan Carlos F., (1974), El riesgo en el contrato de seguro, Buenos Aires, Argentina, editorial Astrea de Rodolfo Depalma y Hnos.
[7] Muñoz Paredes, María Luisa, (2018), El Deber de Declaración del Riesgo en el Seguro, págs. 21 y 110, Pamplona, España, Thomson Reuters.